Nueva Ley de Modificaciones Estructurales: régimen aplicable y principales novedades del RDL 5/2023

El impacto del RDL 5/2023 en las fusiones, escisiones y reestructuraciones corporativas

La entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2023 ha redefinido el marco de actuación para las operaciones societarias en España. La nueva Ley de Modificaciones Estructurales (LME) no solo transpone la Directiva (UE) 2019/2121, sino que introduce cambios críticos en la planificación de fusiones, escisiones, transformaciones y cesiones globales de activo y pasivo, tanto a nivel interno como transfronterizo.

Novedades clave en Operaciones Internas y M&A

Para los consejos de administración y direcciones financieras, la preparación documental y los plazos de ejecución en cualquier reestructuración empresarial han cambiado sustancialmente. El proyecto de modificación estructural requiere una mayor rigurosidad y debe contemplar:

• Acreditación de solvencia: Inclusión obligatoria de certificados que demuestren que la sociedad está al corriente de pago con la Agencia Tributaria. En operaciones complejas, contar con una sólida dirección fiscal externa previene bloqueos por contingencias no detectadas.
• Impacto en la plantilla: Las fusiones y absorciones exigen evaluar las consecuencias para los trabajadores, haciendo indispensable una asesoría laboral para empresas que audite subrogaciones y garantice la paz social durante la transición.
• Impacto en pasivos y acreedores: Exposición clara de las implicaciones de la operación corporativa para los terceros y las garantías ofrecidas.

Protección Patrimonial, Socios y Holding

La nueva normativa transforma radicalmente los mecanismos de defensa de terceros. El tradicional derecho de oposición de los acreedores desaparece, instaurándose el derecho a obtener garantías adecuadas.

Asimismo, el derecho de separación de los socios se amplía. Al consolidar una sociedad holding o realizar transformaciones, este derecho ampara tanto a los que voten en contra como a los titulares de participaciones sin derecho a voto. Para los directivos, esto subraya la importancia de ejecutar un blindaje patrimonial previo que aísle los riesgos operativos de los activos personales.