DAC8 y criptoactivos: qué sabrá Hacienda de sus operaciones desde 2026

DAC8 y el fin de la opacidad fiscal en criptoactivos

La Directiva (UE) 2023/2226, de 17 de octubre de 2023, conocida como DAC8, no crea ningún impuesto nuevo sobre las criptomonedas. Modifica algo más relevante: desde el ejercicio 2026, los proveedores obligados deben recopilar información sobre las operaciones de sus usuarios para su posterior comunicación e intercambio automático entre las administraciones tributarias de la Unión. Los primeros intercambios correspondientes a 2026 se producirán en 2027.

El cambio es de naturaleza, no de grado. Hasta ahora, la Administración accedía a la información de criptoactivos de forma fragmentaria y, en buena medida, a través de requerimientos individualizados. Con la DAC8, el flujo pasa a ser automático, anual y transfronterizo, y se apoya en unas reglas basadas en el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) desarrollado por la OCDE para el intercambio internacional de información sobre criptoactivos.

Conviene precisar el alcance del titular de este análisis: lo que termina no es la tributación opaca —que nunca fue lícita— sino la posibilidad práctica de que una operativa no declarada permanezca invisible para la Agencia Tributaria.

Qué obliga a comunicar la DAC8

La directiva traslada al Derecho de la Unión el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) de la OCDE y extiende la cooperación administrativa de la Directiva 2011/16/UE a los criptoactivos. Los proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información deben aplicar procedimientos de diligencia debida para identificar a sus usuarios y su residencia fiscal, y remitir después información agregada por tipo de criptoactivo sobre adquisiciones y transmisiones frente a moneda fiduciaria o frente a otros criptoactivos, determinadas operaciones de pago y transferencias, junto con los importes, unidades y valoraciones exigidos por la directiva.

Dos precisiones importan especialmente. La primera es que el sistema puede alcanzar también a operadores establecidos fuera de la Unión que prestan servicios a usuarios residentes en ella, mediante reglas de registro y comunicación específicas, sin perjuicio de las excepciones previstas cuando la información se comunique desde una jurisdicción no perteneciente a la Unión que disponga de un acuerdo cualificado aplicable. La segunda es que la DAC8 no se limita a los criptoactivos: amplía el intercambio automático de información sobre cuentas financieras al dinero electrónico y a las monedas digitales de bancos centrales.

El estado de la transposición en España

España no ha completado la transposición dentro del plazo comunitario. El proyecto de ley que modifica la Ley General Tributaria fue remitido a las Cortes en junio de 2025 y continúa en tramitación parlamentaria; el proyecto de real decreto de desarrollo se sometió a audiencia pública en julio de 2025; y el proyecto de orden ministerial de modelos se publicó en marzo de 2026. La propia Agencia Tributaria, en las directrices del Plan Anual de Control Tributario de 2026, se refiere todavía a «la futura trasposición de DAC8».

El proyecto de orden perfila el andamiaje declarativo que resultará de la reforma:

A ellos se añaden la adaptación del modelo 721, relativo a los criptoactivos situados en el extranjero, y la del modelo 289 de cuentas financieras, ampliado al dinero electrónico y a las monedas digitales de bancos centrales. El primer ejercicio afectado sería 2026, con presentación en 2027.

Lo que ya está en vigor desde 2023

Conviene deshacer un equívoco extendido: la información sobre criptoactivos no empieza con la DAC8. La Ley 11/2021 y el Real Decreto 249/2023 ya implantaron un régimen informativo propio, desarrollado por sendas órdenes ministeriales.

La Administración recibe desde 2024 información referida a saldos y operaciones con monedas virtuales correspondientes a ejercicios iniciados en 2023. El Plan de Control de 2026 anuncia expresamente que intensificará la explotación de los modelos 172, 173 y 721 para detectar contribuyentes con operaciones significativas y patrimonios no justificados. La DAC8 no inaugura el control: lo completa, añadiendo lo que hasta ahora faltaba, que es la información procedente del exterior.

Un matiz relevante: la autocustodia

La Dirección General de Tributos, en la consulta vinculante V0941-24, de 29 de abril de 2024, analizó específicamente un supuesto de paper wallet y reiteró el criterio, ya expresado en la consulta V2290-23, de que lo determinante a efectos del modelo 721 es la existencia de custodia de las claves privadas por un tercero. Cuando el propio contribuyente mantiene el control de las claves, los criptoactivos no se consideran situados en el extranjero a estos efectos y no se computan para el umbral de la declaración.

Qué contrastará la Agencia Tributaria

El cruce previsible es directo: la información recibida de los proveedores frente a lo declarado por el contribuyente. Los puntos de fricción habituales son conocidos y conviene revisarlos antes de que sea la Administración quien los revise.

Consecuencias del incumplimiento

Es preciso separar dos planos. El incumplimiento de la obligación informativa del modelo 721 se somete actualmente al régimen sancionador general de la Ley General Tributaria, tras la supresión del régimen específico operada por la Ley 5/2022, que eliminó también la imprescriptibilidad que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2022 (asunto C-788/19) había declarado contraria al Derecho de la Unión. La falta de presentación puede quedar comprendida en el artículo 198, que para las declaraciones generales de suministro de información prevé 20 euros por cada dato o conjunto de datos referido a una misma persona o entidad, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros; si la declaración se presenta fuera de plazo sin requerimiento previo, estos importes se reducen a la mitad. Las declaraciones incompletas, inexactas o con datos falsos se rigen por el artículo 199, con reglas sancionadoras propias.

El segundo plano es el material y resulta más gravoso: la falta de declaración de la ganancia o del rendimiento genera cuota, intereses de demora y, en su caso, sanción por dejar de ingresar. Frente a ello, la regularización voluntaria anterior a cualquier requerimiento se acoge a los recargos del artículo 27 de la Ley General Tributaria —un 1 % más un 1 % adicional por cada mes completo de retraso durante el primer año, y un 15 % con intereses a partir de los doce meses— y excluye la sanción. La diferencia entre actuar antes o después de recibir un requerimiento de Hacienda es, en la práctica, la diferencia entre un recargo y un procedimiento sancionador.

Qué debería hacer ahora quien tiene criptoactivos

En estructuras societarias o patrimonios familiares, la revisión conviene integrarla en el análisis general de la planificación patrimonial, y muy especialmente en la sucesión: la transmisión de criptoactivos sin claves recuperables ni inventario documentado puede generar problemas relevantes en la identificación, el acceso y la adjudicación de los activos entre los herederos. En contribuyentes desplazados a España, el encaje con el régimen de la Ley Beckham y con la fiscalidad internacional exige un análisis previo específico.

Cómo puede ayudar Raich & Vía

En Raich & Vía asesoramos a inversores, empresas y patrimonios familiares de Barcelona, Terrassa y el resto de Cataluña en la revisión de su posición fiscal en criptoactivos. El trabajo consiste en reconstruir el histórico, cuantificar las rentas por ejercicio, determinar qué periodos permanecen abiertos y decidir, con el cliente, si procede regularizar y en qué términos.

Ese análisis se integra en nuestras áreas de defensa tributaria y gestión fiscal y de asesoramiento fiscal externo, y se extiende, cuando resulta necesario, a la defensa ante una inspección y a los recursos y reclamaciones tributarias.

Conclusión

La DAC8 no endurece la tributación de los criptoactivos: la hace verificable. A partir del ejercicio 2026, la Administración dispondrá de información anual y automática mucho más amplia sobre la operativa en criptoactivos canalizada a través de los proveedores sujetos a comunicación, procedente también de plataformas situadas fuera de la Unión, y podrá contrastarla con lo declarado sin necesidad de requerimiento previo.

El primer intercambio automático, previsto como máximo para septiembre de 2027 respecto del ejercicio 2026, incrementará significativamente la información disponible para la Administración, pero no constituye por sí mismo un límite legal para la regularización voluntaria. A efectos del artículo 27 de la Ley General Tributaria, lo determinante es que la declaración extemporánea se presente sin requerimiento previo de la Administración en los términos definidos por dicho precepto. Por ello, anticipar la revisión reduce el riesgo de que una actuación administrativa se inicie antes de que el contribuyente haya regularizado su situación.