Precios de transferencia: Hacienda refuerza el control de las operaciones vinculadas en 2026

Por Òscar Segura Ortuño · Economista y asesor fiscal, Departamento Fiscal de Raich & Via · Actualizado el 8 de septiembre de 2026

La norma que regula las operaciones vinculadas no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la intensidad con que se comprueba. Las directrices del Plan Anual de Control Tributario de 2026 sitúan expresamente las operaciones vinculadas internacionales como ámbito prioritario de las actuaciones inspectoras, y detallan qué operaciones concretas se van a mirar.

Para un grupo empresarial, el desplazamiento es relevante: durante años el cumplimiento se ha entendido como un asunto formal —presentar el modelo, tener el expediente—, mientras que la comprobación se orienta hoy al análisis sustantivo de funciones, activos y riesgos. Es decir, ya no basta con tener documentación: hay que tener la documentación correcta y que además soporte lo que efectivamente se hace.

Qué anuncia la Agencia Tributaria para 2026

El Plan de Control identifica los focos con un detalle inusual. Conviene leerlo como un mapa de las operaciones y circunstancias sobre las que la Agencia Tributaria concentrará especialmente sus actuaciones de comprobación.

• Reestructuraciones empresariales y la valoración de las transmisiones intragrupo de activos, con atención particular a los intangibles.
• Pagos por cánones derivados de la cesión de intangibles y por servicios prestados entre entidades vinculadas.
• Pérdidas reiteradas en entidades del grupo, que pueden llevar a la Inspección a revisar si la distribución de funciones, riesgos y resultados responde al principio de plena competencia.
• Operaciones vinculadas de carácter financiero, como préstamos intragrupo, garantías o estructuras de cash pooling.
• Estructuras exteriores que puedan erosionar bases imponibles.
• Entidades que declaran funciones de bajo riesgo. El Plan anuncia que seguirá comprobando las actividades de entidades configuradas como distribuidores, fabricantes o prestadores de servicios de riesgo limitado, para verificar que la realidad funcional y la remuneración atribuida son coherentes.

El propio Plan anuncia además el uso combinado de la información del modelo 232 con los intercambios internacionales de información. La consecuencia práctica es que las incoherencias entre lo declarado, lo documentado y lo que reflejan las fuentes internacionales se detectan antes de que se inicie el procedimiento.

La documentación ha dejado de ser un trámite

La obligación de documentación del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades se articula en dos niveles. Los grupos con cifra de negocios neta inferior a 45 millones de euros pueden acogerse a la documentación simplificada; por encima de ese umbral se exige documentación completa, con información del grupo —el master file, que describe estructura, cadena de valor, intangibles, financiación y política de precios— e información del contribuyente, el local file, con el análisis funcional, el método de valoración elegido y el estudio de comparables que lo sostiene.

El umbral debe calcularse conforme a las reglas del artículo 101 LIS, que en los grupos del artículo 42 del Código de Comercio obliga a considerar el importe neto de la cifra de negocios del conjunto de entidades. Es un cálculo que conviene rehacer cada ejercicio, porque una adquisición o una reorganización pueden cruzar el umbral sin que nadie lo advierta.

Lo determinante, en cualquier caso, ya no es el formato. Un expediente formalmente completo pero cuyo análisis funcional no describe lo que las entidades hacen realmente —quién asume el riesgo, quién controla el intangible, quién decide— no protege frente a un ajuste. La comprobación se dirige justamente ahí.

El coste de no documentar bien

A ello se añade un efecto que rara vez se cuantifica de antemano: un ajuste de valoración en una operación transfronteriza puede generar doble imposición mientras no se practique el correspondiente ajuste en el otro Estado, y ese ajuste no es automático.

El Supremo marca un límite

No todo el movimiento es en la misma dirección. En su sentencia 631/2026, de 25 de mayo (recurso de casación 8692/2023), el Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre el alcance de la normativa de precios de transferencia: se trata de una norma de naturaleza estrictamente valorativa, que solo puede proyectarse sobre operaciones celebradas entre partes vinculadas y que no ampara denegar la deducibilidad de gastos contraídos con terceros independientes, aunque esos gastos deriven de una decisión adoptada en el seno del grupo.

Las vías preventivas: acuerdos previos y procedimiento amistoso

El Plan de Control de 2026 anuncia también que continuará la política de fomento de los acuerdos previos de valoración y de los procedimientos amistosos. Merece atención porque suele descartarse por prejuicio.

El acuerdo previo de valoración permite solicitar a la Administración, a partir de una propuesta fundamentada del contribuyente, la fijación previa del método y los criterios de valoración aplicables a determinadas operaciones vinculadas, aportando certidumbre durante su vigencia. El procedimiento amistoso es una de las principales vías para procurar la eliminación de la doble imposición cuando dos Administraciones atribuyen un valor diferente a una misma operación. Para un grupo con operativa transfronteriza recurrente y valoraciones discutibles, el coste de un acuerdo previo suele compararse favorablemente con el de una comprobación con ajuste y sanción.

Qué debería revisar un grupo ahora

1. Delimitar el perímetro de vinculación. Verificar qué entidades y personas quedan dentro conforme al artículo 18.2 LIS, incluidas las relaciones socio-sociedad y administrador-sociedad, teniendo en cuenta que ese mismo precepto excluye de esta última la retribución correspondiente al ejercicio de las funciones propias del cargo de administrador.
2. Comprobar el nivel documental exigible. Contrastar la cifra de negocios del grupo con el umbral de 45 millones y revisar si alguna operación queda excluida del régimen simplificado.
3. Actualizar el análisis funcional. Confirmar que la descripción de funciones, activos y riesgos coincide con la realidad operativa actual, y no con la del ejercicio en que se redactó el expediente por primera vez.
4. Revisar los comparables. Un estudio de comparables desactualizado es uno de los puntos de ataque más frecuentes en comprobación.
5. Contrastar coherencia entre fuentes. Lo declarado en el modelo informativo, lo recogido en la documentación y lo que reflejan la contabilidad y los contratos intragrupo deben contar la misma historia.

Si su grupo aún no tiene claro qué operaciones deben declararse y con qué umbrales, conviene empezar por ahí: lo tratamos en detalle en nuestro análisis sobre el modelo 232 y las operaciones vinculadas en grupos de empresas. En grupos sujetos a la tributación mínima global, la revisión debe coordinarse además con las obligaciones del impuesto complementario, y en operaciones de reorganización, con el diseño de la propia reestructuración empresarial.

Cómo puede ayudar Raich & Via

Acompañamos a grupos empresariales de Barcelona, Terrassa y el resto de Cataluña en la revisión de su política de precios de transferencia y en la defensa de sus valoraciones ante la Administración. El trabajo consiste en delimitar el perímetro, verificar la coherencia entre la documentación y la operativa real, actualizar el análisis funcional y los comparables, y sostener el criterio cuando llega la comprobación.

Ese trabajo se integra en nuestras áreas de fiscalidad internacional de empresas y de defensa tributaria y gestión fiscal, y se extiende a la defensa ante una inspección cuando el procedimiento ya se ha iniciado o a la respuesta a un requerimiento previo.

Conclusión

El endurecimiento de 2026 no procede de una reforma legal, sino de una decisión de política inspectora acompañada de mucha más información disponible. Eso cambia dónde se decide el resultado: no en la existencia del expediente, sino en su capacidad para explicar de forma verificable por qué el grupo retribuye como retribuye cada función.

La doctrina del Supremo de mayo de 2026 introduce un contrapeso útil al acotar el alcance de la norma valorativa. Pero su aprovechamiento exige exactamente lo mismo: un expediente que describa con precisión quién hace qué dentro del grupo, y qué relaciones se mantienen fuera de él.